La advertencia es clara y contundente: Bolivia enfrenta una amenaza creciente de impago de deuda externa a partir de 2026, según la rebaja de la calificación crediticia emitida por S&P Global Ratings. La calificación cayó de ‘CCC+’ a ‘CCC-’, situando al país en el umbral más bajo del grado especulativo, conocido como “bonos basura”, lo que revela una profunda crisis de confianza en la economía nacional.
La agencia señala que los factores detrás de esta decisión incluyen un fuerte aumento de la deuda externa, con vencimientos que se triplicarán en 2026, en un contexto de reservas internacionales en niveles críticos, actualmente por debajo de los 2.000 millones de dólares. A ello se suma un déficit fiscal persistente: la deuda pública supera el 60% del PIB, alimentada por déficits que han sido financiados por el Banco Central de Bolivia, debilitando aún más la liquidez externa del país.
Otro factor clave es la caída de las exportaciones, especialmente del gas natural, que han disminuido drásticamente en volumen y valor, en un contexto de escasa diversificación económica. Finalmente, la polarización política interna y la incertidumbre sobre la gobernabilidad limitan la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales urgentes.
S&P también mantuvo una perspectiva negativa, lo que implica que la calificación podría seguir cayendo si no se corrigen estas vulnerabilidades. La reacción de los mercados ha sido inmediata: los bonos bolivianos con vencimiento en 2028 cotizan a apenas 56 centavos por dólar, reflejando una pérdida de confianza por parte de los inversionistas internacionales.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, rechazó el riesgo de default y afirmó que Bolivia está cumpliendo con sus obligaciones externas. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para honrar los compromisos”, aseguró, recordando que los pagos están garantizados hasta 2025. Sin embargo, analistas como los de Seaport Global advirtieron que el riesgo de impago es del 95%, debido a la combinación de mayores vencimientos y una caída de ingresos superior al 30%.
Frente a este escenario, el economista Alberto Méndez plantea que el gobierno aún puede tomar medidas para mitigar los efectos de la crisis proyectada. Estas incluyen el fortalecimiento de reservas mediante el impulso a exportaciones alternativas como el litio y la agroindustria, así como el control de la fuga de divisas. También se menciona la necesidad de reducir el déficit fiscal con medidas de austeridad y una reforma tributaria que amplíe la base impositiva, aunque ambas enfrentarían una fuerte resistencia social.
Otra opción sería negociar la reestructuración de deuda o acudir a financiamiento multilateral con condiciones más favorables. No obstante, cualquier medida de fondo, como ajustar el tipo de cambio o atraer inversión extranjera directa en sectores estratégicos, requiere un entorno político estable y una mayor credibilidad institucional.
El tiempo juega en contra. Muchas de estas soluciones son estructurales y tardarán años en mostrar resultados. Mientras tanto, el aislamiento financiero del país se profundiza. La calificación ‘CCC-’ encarece el acceso a crédito y limita las alternativas del Estado boliviano para cubrir sus obligaciones futuras.
En redes sociales, la rebaja ha generado un intenso debate. Usuarios como @GumucioL señalaron un riesgo inminente de default, mientras medios como @LaRazon_Bolivia y @ErbolDigital difundieron el reporte con preocupación. La narrativa digital muestra una percepción creciente de crisis y desconfianza en el manejo económico.
El próximo gobierno, que asumirá en 2025, heredará una economía extremadamente frágil, con reservas agotadas, acceso limitado al financiamiento internacional y una carga de deuda que presionará al máximo las finanzas públicas. Sin una reacción decidida, el impacto en 2026 podría traducirse en una crisis de balanza de pagos, inflación descontrolada y restricciones a importaciones esenciales.
Redacción central
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