El DS 5675 establece una nueva estructura del Órgano Ejecutivo y mantiene una definición clave sobre los ministros: dependen directamente del Presidente, ejercen la dirección política y administrativa de sus respectivas carteras y son sus Máximas Autoridades Ejecutivas. La norma, además, incorpora mecanismos de coordinación y seguimiento desde la Presidencia, un aspecto que permite leer la reforma no solo como una reducción administrativa, sino también como una reorganización de la conducción política del Gobierno.
El problema está en confundir tamaño con eficiencia. Un Estado puede tener menos ministerios y seguir siendo igual de burocrático si las funciones de las carteras eliminadas son trasladadas a otros ministerios, viceministerios, agencias, direcciones o nuevas estructuras. En ese escenario, lo que se reduce es el número de casillas del organigrama, pero no necesariamente el costo ni la cantidad de trámites.
La eficiencia se podrá medir cuando se conozca cuánto personal será reducido, cuánto gasto corriente se eliminará, qué entidades desaparecerán efectivamente, qué competencias serán fusionadas y cuánto tiempo se ahorrará en la gestión pública. Sin esos datos, afirmar que un Ejecutivo con menos ministerios es automáticamente más eficiente es más una conclusión política que una evaluación administrativa.
El elemento más relevante del decreto puede estar, precisamente, en otro lugar: la capacidad de la Presidencia para coordinar y hacer seguimiento directo a políticas estratégicas mediante nuevas herramientas institucionales. Así, el DS 5675 podría estar haciendo algo más que achicar el gabinete: podría estar concentrando la conducción del Ejecutivo en la Presidencia.
La pregunta, entonces, no es cuántos ministerios tiene ahora el Gobierno de Rodrigo Paz, sino si el Estado realmente cuesta menos, funciona mejor y responde más rápido al ciudadano. Esa es la eficiencia que todavía falta demostrar.
Por Equipo de redacción
About Author
