La denuncia presentada por la bancada “Evo Pueblo” ante el Ministerio Público apunta directamente a uno de los vocales clave del órgano electoral, en un momento crítico para el futuro político del país. Según los denunciantes, Tahuichi Quispe habría recibido una transferencia bancaria por 30.000 dólares desde una cuenta en Panamá, supuestamente gestionada por Brígida Durán, esposa del presidente Luis Arce, en lo que describen como parte de un operativo para truncar la postulación de Evo Morales y debilitar a partidos cercanos al expresidente.
El diputado evista Anyelo Céspedes sostiene que, además del flujo financiero internacional, existen registros de comunicaciones y el envío de pasajes aéreos desde el celular del exministro César Siles hacia Quispe, lo que, a juicio de los denunciantes, evidenciaría un plan coordinado desde el Ejecutivo para manipular decisiones del TSE. Estas acusaciones aún no han sido corroboradas con documentación oficial, pero fueron amplificadas por el medio argentino Negocios y Política, que citó fuentes próximas al entorno evista.
Por su parte, Tahuichi Quispe no solo desmintió categóricamente las acusaciones, calificándolas de “mentiras maliciosas” y “calumnias”, sino que además solicitó públicamente a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que realice una auditoría completa de sus cuentas en Bolivia. “No tengo nada que ocultar, solo percibo mi sueldo como vocal del TSE”, afirmó, anunciando además acciones legales contra quienes lo acusan sin pruebas.
La denuncia, que aún debe ser admitida o rechazada formalmente por el Ministerio Público, podría abrir una investigación de alto impacto político. Sin embargo, expertos en derecho penal y financiero advierten que probar transferencias desde Panamá requiere cooperación internacional y acceso a información bancaria reservada, lo cual podría dilatar o incluso dificultar el esclarecimiento del caso si no existen solicitudes formales de asistencia jurídica entre Estados.
Para los evistas, la supuesta inhabilitación de Morales sería parte de un “complot” para eliminarlo del escenario electoral, como señaló la exministra Teresa Morales. No obstante, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que respalden la existencia de dicho plan.
El TSE, hasta ahora, ha guardado silencio institucional, pero sus vocales enfrentan una presión creciente, atrapados entre denuncias judiciales, expectativas ciudadanas y un conflicto interno del oficialismo que amenaza con desbordarse en las calles.
En este contexto, la decisión del Ministerio Público sobre si abre o no una investigación formal será clave no solo para el futuro jurídico de Tahuichi Quispe, sino también para el rumbo político de Bolivia a
Redaccion central
