El presidente de Bolivia, Luis Arce, reafirmó su compromiso de culminar su mandato en agosto de 2025 y entregar el poder al ganador de las próximas elecciones, subrayando que garantizará un “tránsito democrático” sin importar quién sea el sucesor. Esta promesa llega en un contexto en el que su administración ha debido sortear una crisis compleja que ha eclipsado los avances de su gestión y ha abierto interrogantes sobre su capacidad de liderazgo.
Arce asumió el mando en noviembre de 2020, tras la crisis política de 2019, con la meta de estabilizar el país y preservar el modelo económico del Movimiento al Socialismo (MAS). En sus primeros años, logró un repunte del crecimiento del 6,1% en 2021, según el Banco Mundial, e impulsó proyectos estratégicos como las plantas de industrialización del litio. Sin embargo, los problemas estructurales no tardaron en aflorar: la escasez de divisas, la caída de las reservas internacionales —de 4.700 millones de dólares en 2020 a 1.700 millones en 2024, según el Banco Central de Bolivia—, y el alza de precios de combustibles y alimentos han erosionado el respaldo ciudadano.
A ello se sumó la ruptura con Evo Morales, que fracturó al MAS y debilitó la cohesión del oficialismo. La narrativa de crisis impulsada tanto por la oposición como por el ala “evista” ha eclipsado logros como la reducción de la pobreza extrema, que bajó del 16,8% en 2020 al 11,6% en 2023, de acuerdo con datos de la CEPAL. Analistas apuntan a una comunicación gubernamental insuficiente para contrarrestar la percepción negativa y para posicionar los avances del modelo económico comunitario.
La cercanía inicial de Arce con Morales habría limitado su margen para construir un liderazgo propio, obligándolo a equilibrar lealtades con la necesidad de innovar. Su respaldo al ministro Eduardo del Castillo como candidato para 2025 es visto como un intento de renovación, pero llega en medio de un desgaste acumulado por la crisis y la polarización.
Con el reloj político avanzando, Arce encara su último tramo en el poder con la tarea de asegurar una transición ordenada y, al mismo tiempo, consolidar un legado que no quede sepultado bajo las tensiones internas y las dificultades económicas. El desenlace definirá no solo su lugar en la historia reciente de Bolivia, sino también el rumbo político del país.
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