Jue. Ago 20th, 2026

Un exabrupto político: la iniciativa inconstitucional de Vargas que amenaza la estabilidad electoral

La propuesta del senador Pedro Benjamín Vargas (MAS) de suspender a los vocales del TSE y prorrogar el mandato del presidente Luis Arce no solo carece de fundamento constitucional, sino que constituye un exabrupto político que, lejos de aportar soluciones, amenaza con desestabilizar el proceso democrático a semanas de la segunda vuelta electoral en Bolivia.

El senador Pedro Benjamín Vargas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó un proyecto de ley titulado “Ley de Aplicación Gubernativa Electoral” que plantea la suspensión temporal de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la prórroga del mandato del presidente Luis Arce hasta la posesión de nuevas autoridades electas.

Más allá de su forma llamativa, la iniciativa es un exabrupto político que contradice la Constitución Política del Estado (CPE), genera riesgos institucionales y carece de viabilidad en el contexto actual del país.

El proyecto choca frontalmente con el Artículo 183 de la CPE, que garantiza la independencia e inamovilidad del TSE. La suspensión de sus vocales solo puede producirse mediante procesos con pruebas concretas de delitos o irregularidades, no por una genérica “pérdida de confianza pública” como argumenta Vargas. En cuanto a la prórroga del mandato presidencial, la propuesta vulnera el Artículo 99 de la CPE, que establece un mandato fijo de cinco años, sin posibilidad de extensión salvo situaciones excepcionales que no aplican en este caso.

Además, la creación de un “consejo electoral transitorio” no tiene sustento en la CPE ni en la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional. Tal figura violaría el principio de legalidad y debilitaría la institucionalidad democrática justo en un momento crítico: la organización de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, prevista para el 19 de octubre de 2025.

La inoportunidad es tal que incluso el presidente Luis Arce, en un pronunciamiento el 18 de septiembre, calificó la iniciativa como “inconstitucional” y reiteró que su mandato concluirá el 8 de noviembre de 2025.

La falta de respaldo del Ejecutivo y de la bancada mayoritaria del MAS confirma que la propuesta de Vargas no pasará más allá del ruido político. Sin embargo, deja una alerta: la democracia boliviana necesita preservar la independencia de sus órganos electorales, sin exabruptos que pretendan alterar las reglas del juego en plena competencia electoral.

Redacción central La Paz

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