La Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por un presunto caso de contrabando agravado de exportación de gas natural. La denuncia fue presentada por exfuncionarios de la Aduana Nacional, quienes aseguran que YPFB autorizó exportaciones sin control aduanero ni resolución administrativa.
La estatal petrolera y la Aduana rechazaron la acusación, señalando que los denunciantes fueron despedidos y actuaron de forma irregular. Pese a las aclaraciones institucionales, la Fiscalía mantiene activa la orden y exige que la Policía ejecute el mandamiento para que Dorgathen rinda su declaración informativa y sea puesto a disposición judicial.
En paralelo, la justicia también dispuso la aprehensión de Luis Marcelo Arce, hijo del presidente, dentro de un proceso por violencia doméstica. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseguró que la ley “se aplicará sin privilegios”, aunque hasta ahora la Policía tampoco ha logrado dar con su paradero.
Los mandamientos judiciales son claros: la Policía debe aprehender a los acusados y trasladarlos ante la Fiscalía, que a su vez los pondrá a disposición del juez cautelar para determinar si procede la detención o una medida sustitutiva. Sin embargo, el hecho de que ninguno de los buscados haya sido encontrado despierta dudas sobre la efectividad del cuerpo policial.
“Cuando la justicia actúa, pero la Policía no ejecuta, el sistema entero queda en entredicho”, observan juristas consultados por CalleBolivia.Com.
Desde el Comando General se informó que los operativos continúan, pero sin resultados. En redes sociales, la ironía no tardó en surgir: “Más astutos que la Policía” se volvió frase recurrente para describir la aparente facilidad con que ambos eluden los mandamientos judiciales.
El diputado Erwin Bazán (Creemos) calificó la orden contra Dorgathen como una posible “cortina de humo” para distraer de la crisis de combustibles. Otros legisladores sostienen que la falta de resultados refleja una falla institucional grave y posibles interferencias políticas dentro de la fuerza del orden.
Por su parte, el fiscal general Roger Mariaca ratificó que la orden contra el presidente de YPFB está fundamentada y advirtió que se pedirá explicaciones si la Policía no cumple con su ejecución.
La polémica estalla en medio de la escasez de combustibles, filas en surtidores y cuestionamientos al manejo económico del Gobierno. En ese clima, la incapacidad policial para cumplir órdenes judiciales añade un ingrediente de desgaste institucional que golpea la imagen de autoridad del Ejecutivo.
Para analistas, el caso Dorgathen y el de Marcelo Arce ponen a prueba la independencia real de la Policía: si actúa con imparcialidad o si las conexiones políticas siguen marcando el ritmo de la justicia en Bolivia.
Redacción central La Paz
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