El anuncio de Rodrigo Paz —“el Ministerio de Justicia ha muerto”— no es solo una frase provocadora: es la evidencia de una crisis institucional que estalló después de una cadena de nombramientos fallidos y acusaciones cruzadas. El cierre del Ministerio llega justo cuando el país exige transparencia y rigor, pero el Gobierno tropieza incluso en puestos clave que deberían garantizar precisamente eso.
A esto se suma el dardo de Lara, quien afirma que el nuevo ministro tiene un “rosario de procesos” y sugiere destituirlo antes de que empiece. Si el reemplazo también está cuestionado, entonces el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: ni siquiera en el órgano encargado de vigilar la legalidad hay estabilidad o criterios mínimos de selección.
Lo que queda es la imagen de un país atrapado entre improvisaciones políticas y pugnas internas. El Gobierno intenta cerrar una crisis apagando un incendio con otro, y la oposición aprovecha el momento para remarcar el desorden. Bolivia entra así en una fase donde la Justicia —ya debilitada— corre el riesgo de convertirse en un terreno sin árbitro, sin institucionalidad y sin rumbo claro.
Redacción central La Paz
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