La declaración de Quiroga vuelve a colocar la Constitución Política del Estado en el centro del debate sobre la inversión. Su planteamiento parte de una premisa: Bolivia necesita atraer capital para recuperar hidrocarburos, energía, minería y otros sectores estratégicos, pero para ello considera necesario modificar las reglas constitucionales que condicionan la inversión.
El debate, sin embargo, no termina en cambiar la CPE. Lo que se discute en ámbitos técnicos y jurídicos es la necesidad de construir una arquitectura normativa integral, capaz de articular la Constitución, la Ley de Inversiones, las leyes sectoriales, la regulación, las instituciones y los mecanismos de seguridad jurídica.
El punto de partida es constitucional. Si determinadas disposiciones de la futura Ley de Inversiones entran en contradicción con la CPE, una ley ordinaria no puede resolver esa incompatibilidad. Primero tendría que adecuarse el marco constitucional y, posteriormente, construir el desarrollo legal y reglamentario que permita alcanzar los objetivos económicos.
La advertencia de Tuto, por tanto, trasciende la frase de impacto sobre la vela y la leña. Abre una discusión de fondo: ¿puede Bolivia atraer grandes inversiones con el actual marco constitucional o necesita primero una reforma que permita construir una nueva arquitectura técnica y jurídica para la inversión?
Por Equipo de redacción
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