El diagnóstico es contundente. De un total de 67 empresas públicas, 64 presentan pérdidas económicas, según datos expuestos por Pablo Camacho, Director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). La cifra revela un problema estructural que arrastra el Estado desde hace años y que presiona aún más las finanzas públicas en un contexto de desaceleración económica.
Incluso las excepciones están bajo revisión. Las tres empresas que no reportan pérdidas no quedan al margen del análisis. Desde el Ejecutivo se admite que, si bien no son deficitarias, deben ser ajustadas y sometidas a criterios estrictos de eficiencia, con indicadores claros de desempeño y control de gastos.
La advertencia apunta a decisiones urgentes. El reconocimiento oficial abre la puerta a medidas correctivas sobre las empresas deficitarias, que van desde reestructuraciones internas hasta evaluaciones de continuidad. La sostenibilidad del modelo estatal, advierten analistas, depende de pasar del discurso político a una gestión basada en resultados.
El debate ya es político y técnico. Mientras algunos sectores defienden el rol estratégico de las empresas públicas, otros plantean que mantener estructuras deficitarias sin correctivos profundiza el desequilibrio fiscal. La discusión ahora se centra en cómo medir eficiencia, transparentar cifras y evitar que las pérdidas sigan trasladándose al Estado.
Por Equipo de redacción
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