La polémica comenzó cuando Lara denunció públicamente que la Vicepresidencia quedó sin personal contratado ni recursos básicos para operar con normalidad, lo que incluso habría dificultado la convocatoria y organización de sesiones legislativas. El trasfondo es la implementación del Decreto Supremo 5552, impulsado por el presidente Rodrigo Paz, que transfirió funciones administrativas al Ministerio de la Presidencia.
Desde el entorno de Lupo se sostuvo que la reunión permitió “coordinar” la aplicación de la norma y estructurar un nuevo esquema organizativo que garantice el funcionamiento institucional. La palabra utilizada fue “cordial”. Pero el debate no es semántico: es operativo.
En la práctica, lo que está en juego es la capacidad del Ejecutivo y la Vicepresidencia para actuar con coherencia interna. Cuando una institución denuncia falta de personal y otra responde con reorganización administrativa, el mensaje que se proyecta es de desorden, no de eficiencia.
En las calles —y también en los sectores productivos y sociales— la expectativa no gira en torno a quién tiene la competencia administrativa, sino a si el Estado está funcionando. En un contexto económico delicado, la ciudadanía prioriza estabilidad, decisiones claras y ejecución presupuestaria antes que disputas orgánicas.
La reunión puede ser un punto de inflexión si pasa del gesto político a la acción concreta. Si deben darse la mano, que sea de una vez. Porque más allá de la estructura, lo que está en evaluación pública es la gestión.
Por: Equipo de redacción
About Author
