El anuncio fue realizado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, quien explicó que se incorporaron aproximadamente 17 toneladas de aditivos antioxidantes y detergentes con el objetivo de estabilizar el combustible. Según el Gobierno, estos compuestos ayudan a prevenir la oxidación de la gasolina almacenada, limpiar el sistema de combustión interno y mantener estable el octanaje, una práctica habitual en la industria petrolera internacional.
La urgencia para normalizar el suministro llevó a YPFB a aplicar un mecanismo de contratación directa por emergencia. Este procedimiento permite acelerar la compra de insumos estratégicos, aunque ha generado críticas desde sectores técnicos y políticos por no realizar una licitación abierta. El Ejecutivo sostiene que la decisión responde a criterios técnicos y a experiencias aplicadas en otros países de la región para estabilizar combustibles.
En medio de la polémica, YPFB aseguró que los aditivos cuentan con certificaciones de origen emitidas por laboratorios internacionales, lo que garantizaría su compatibilidad con motores convencionales. La estatal también indicó que los componentes se utilizan en concentraciones inferiores, proporción considerada estándar para este tipo de tratamientos en combustibles.
Otro foco de discusión surgió en redes sociales, donde circularon videos que mostraban supuestos daños en la pintura y carrocería de vehículos tras el contacto con gasolina tratada. Técnicos de YPFB realizaron pruebas públicas para demostrar que la mezcla no es más agresiva que la gasolina convencional.
Especialistas independientes señalan que cualquier hidrocarburo puede actuar como solvente sobre la pintura, pero que con las concentraciones actuales del aditivo no debería existir un riesgo extraordinario, desplazando el debate hacia la transparencia de la ficha técnica más que hacia la química del producto.
Por Equipo de redacción
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