La relación entre informalidad y productividad es directa. Cuando una economía genera principalmente empleo en sectores de baja productividad —comercio minorista, transporte informal o microemprendimientos de subsistencia— la formalización se vuelve costosa y poco atractiva. En ese contexto, pagar impuestos, cumplir regulaciones laborales o registrar una empresa puede representar más riesgos que beneficios para miles de trabajadores.
La evidencia regional muestra que los países con menor informalidad no solo tienen mejores sistemas de control fiscal, sino economías más productivas. En otras palabras, la formalidad no se impone únicamente con fiscalización: se construye con crecimiento económico sostenido, diversificación productiva y empresas capaces de generar empleo formal.
En Bolivia, este desafío se agrava por la presencia del contrabando, que introduce mercancías a precios más bajos que los productos locales y reduce los incentivos para producir formalmente. Cuando una parte importante del comercio depende de productos que ingresan sin pagar impuestos, el sistema fiscal pierde base y el Estado reduce su capacidad de inversión.
El resultado es un círculo difícil de romper: baja productividad alimenta la informalidad; la informalidad reduce la recaudación; y la menor recaudación limita la inversión pública necesaria para mejorar productividad.
Por eso varios economistas coinciden en que el problema no se resuelve únicamente con más controles o sanciones. Sin políticas que impulsen sectores productivos, exportaciones y empleo de mayor valor agregado, la informalidad seguirá siendo una válvula de escape para millones de trabajadores que encuentran en la economía callejera su única opción de subsistencia.
En última instancia, el dilema fiscal de muchos países latinoamericanos no es solo cómo cobrar más impuestos, sino cómo construir economías donde pagar impuestos sea viable porque existen empleos productivos y empresas competitivas.
Por Equipo de redacción
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