El debate sobre seguridad en Bolivia ha comenzado a girar hacia soluciones de impacto inmediato: cárceles más grandes, más duras y más visibles. Sin embargo, los datos revelan un problema estructural más profundo: cerca del 70% de la población penitenciaria no tiene sentencia ejecutoriada. Es decir, la mayoría está detenida preventivamente, no condenada.
Este dato cambia completamente el enfoque. No se trata únicamente de falta de espacio, sino de un sistema judicial que no resuelve los casos a tiempo. Fiscales saturados, jueces sin capacidad operativa suficiente y procesos que se extienden por años generan un flujo constante de ingreso sin salida, colapsando cualquier infraestructura disponible.
En este contexto, replicar modelos como el salvadoreño sin adaptación puede ser no solo ineficaz, sino riesgoso. El enfoque de mano dura ha mostrado resultados en reducción de delitos en el corto plazo, pero también ha sido cuestionado por detenciones masivas y tensiones con el debido proceso. Bolivia, con una institucionalidad distinta, no puede simplemente importar ese esquema sin consecuencias.
Además, centrar la política criminal en el endurecimiento penal ignora otros componentes esenciales: prevención del delito, rehabilitación de internos y reparación a las víctimas. Sin estos pilares, la cárcel deja de ser una herramienta de reinserción y se convierte en un espacio de reproducción del crimen, como dicen expertos en derecho penal.
El concepto de “cuidar el recurso humano” no es una postura blanda, sino estratégica. Un sistema que no clasifica adecuadamente a los internos, que mezcla delincuentes primerizos con estructuras criminales organizadas, y que no ofrece mecanismos reales de reinserción, termina fortaleciendo el problema que busca resolver.
Por eso, antes de pensar en más cárceles de máxima seguridad, el debate debería centrarse en una reforma judicial integral: reducción del uso abusivo de la detención preventiva, agilización de procesos, fortalecimiento institucional y una política criminal coherente con la realidad del país.
Por Equipo de redacción
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