La decisión, que surge tras acuerdos entre Rodrigo Paz y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, marca un punto de inflexión en el modelo energético boliviano. Hasta ahora, ENDE concentraba el control de los proyectos de interconexión eléctrica con países vecinos, lo que le otorgaba una posición privilegiada dentro del sistema.
Con la nueva normativa, cualquier agente del mercado eléctrico podrá desarrollar iniciativas de interconexión internacional, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y regulatorios. Esto introduce un escenario de competencia directa que obliga a la estatal a replantear su rol.
El cambio no implica que ENDE deje de ser un actor estratégico, pero sí redefine su naturaleza. Ya no será estratégica por exclusividad, sino por capacidad. Su permanencia como protagonista dependerá de su eficiencia, competitividad y capacidad de gestión frente a nuevos inversionistas que podrían ingresar con mayor agilidad y financiamiento.
Este nuevo escenario también abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para regular un mercado más dinámico y evitar desequilibrios. La apertura puede atraer inversión extranjera y acelerar proyectos de integración energética regional, pero también plantea el riesgo de que el control sobre infraestructuras clave se diluya si no existen reglas claras y una supervisión efectiva.
En ese contexto, el desafío no es solo para ENDE, sino para todo el aparato estatal: pasar de un modelo cerrado y centralizado a uno competitivo, sin perder soberanía ni capacidad de planificación energética.
Por Equipo de redacción
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