La irrupción de Yahuasi ocurre en un punto de quiebre del proceso electoral. Su figura pasa de un segundo plano a convertirse en eje de articulación de sectores que buscan reabrir el debate sobre la segunda vuelta, en medio de cuestionamientos a la decisión del TSE.
Estos respaldos no responden necesariamente a una afinidad política homogénea, sino a una coincidencia coyuntural: la necesidad de disputar la interpretación del cierre electoral y reposicionar agendas que quedaron fuera del resultado oficial.
Sin embargo, el núcleo del debate no es solo político, sino jurídico. La CPE y la normativa electoral establecen de forma expresa los supuestos para una segunda vuelta, sin contemplar escenarios derivados de la declinación de una organización política una vez avanzado o cerrado el proceso.
Más allá de las críticas al TSE, no existe una base legal clara que permita habilitar una segunda vuelta en esta casuística o determinar lo contrario.
Los sectores críticos sostienen que la decisión debió apegarse a una interpretación más garantista de la CPE. No obstante, en materia electoral, la actuación de las autoridades está limitada a lo que la norma permite de manera expresa, sin margen para incorporar soluciones no previstas.
Por Equipo de redacción
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