Los datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia muestran una desaceleración clara de la inflación. El indicador que durante meses reflejó presión ahora marca una pausa. Para el Gobierno, el mensaje es claro: los precios dejan de subir y la estabilidad empieza a tomar forma.
Sin embargo, la estadística no cuenta toda la historia. La caída de precios en marzo estuvo impulsada por productos como tomate, banano, arroz y el transporte interdepartamental, todos con comportamientos marcados por factores estacionales o ajustes puntuales. No se trata necesariamente de una mejora estructural de la economía, sino de movimientos específicos dentro de la canasta.
En paralelo, los productos que definen la vida cotidiana siguen presionando el bolsillo. El pollo, los almuerzos, los huevos y los quesos registraron incrementos, golpeando directamente el gasto diario de las familias. Es ahí donde el dato agregado pierde fuerza frente a la experiencia real del consumidor.
El problema de fondo no es solo cuánto suben o bajan los precios, sino quién puede beneficiarse de esa variación. En Bolivia, una minoría —alrededor del 20%— tiene ingresos formales, estabilidad y cierto margen de consumo. Para ese segmento, una inflación negativa puede representar un alivio tangible.
Pero la mayoría funciona bajo otra lógica. Cerca del 80% de los bolivianos vive en la informalidad, sin ingresos fijos ni capacidad de ahorro, expuestos a precios volátiles y con un consumo centrado en alimentos y servicios básicos. Para ellos, el promedio estadístico no refleja su realidad: si sube el costo del almuerzo o del pollo, el impacto es inmediato.
Desde Sucre, economistas advierten que el modelo económico sigue operando sobre esa fractura. Las políticas pueden estabilizar indicadores, pero no necesariamente alcanzan a la economía real donde se mueve la mayoría.
Así, la inflación baja en los reportes, pero no baja en la experiencia diaria de millones de bolivianos.
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Por Equipo de redacción
