El debate surgió en La Paz, pero la discusión trasciende a una sola empresa. La indexación a la UFV forma parte del esquema regulatorio del sector de agua potable y saneamiento, por lo que sus efectos pueden reflejarse en diferentes Empresas Prestadoras de Servicios de Agua (EPSA), entre ellas SEMAPA en Cochabamba y otras operadoras que aplican este mecanismo conforme a la normativa vigente.
Durante el primer semestre de 2026, la UFV registró un incremento sostenido. Como consecuencia, los cobros expresados o indexados a esa unidad también aumentaron, aun cuando la estructura tarifaria no hubiera sido modificada por una resolución específica.
Desde el punto de vista jurídico, las empresas pueden afirmar que no hubo un incremento tarifario. Sin embargo, desde la economía de los hogares, la realidad es distinta: el monto final de la factura es mayor y debe pagarse con ingresos que, en muchos casos, no crecieron al mismo ritmo que la inflación.
Esa diferencia explica por qué existe una brecha entre el discurso institucional y la percepción ciudadana. Para las familias, el resultado es sencillo: cada actualización de la UFV significa un mayor desembolso por un servicio básico indispensable.
El desafío ya no es únicamente técnico, sino social. En un contexto de pérdida del poder adquisitivo, incluso ajustes automáticos relativamente pequeños pueden convertirse en una carga para hogares que administran sus gastos al límite.
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Por Equipo de redacción
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