Según los dirigentes cívicos, los bloqueos provocaron millonarias pérdidas, desabastecimiento y afectaciones a la libre circulación de personas y mercancías. Por ello, la denuncia apunta a establecer responsabilidades penales contra quienes habrían promovido y sostenido las medidas de presión.
La iniciativa coincide con la postura expresada previamente por autoridades del Gobierno, que señalaron que los hechos no deben quedar impunes y que corresponde investigar a los responsables de las movilizaciones que afectaron la actividad económica del país.
No obstante, el caso también ha abierto otro debate. Mientras el Comité pro Santa Cruz centra su denuncia en los organizadores de los bloqueos, diversos sectores ciudadanos recuerdan que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el libre tránsito. En ese contexto, surge la interrogante sobre si también corresponde evaluar la actuación de las autoridades encargadas de restablecer la circulación durante más de 50 días de conflicto.
La discusión no solo apunta a identificar a quienes impulsaron los bloqueos, sino también a analizar la respuesta institucional frente a una crisis que impactó en la economía, el abastecimiento y la vida cotidiana de miles de bolivianos.
Por Equipo de redacción
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