La controversia surgió tras conocerse que Valdivia viajó al Mundial de Fútbol mientras BoA enfrentaba cuestionamientos por su gestión. Sin embargo, la empresa estatal sostuvo que el gerente se encontraba con licencia sin goce de haberes por motivos personales.
Ese dato cambia el eje del análisis jurídico. El hecho de ausentarse del cargo no constituye por sí mismo un delito si la licencia fue tramitada y aprobada conforme a las normas internas. La pregunta clave pasa a ser quién tenía la competencia para autorizar esa ausencia y si durante el viaje existió uso de recursos públicos, beneficios indebidos o alguna vulneración a la normativa.
Especialistas coinciden en que los tipos penales requieren acreditar hechos concretos, un daño al Estado o un beneficio ilícito. La sola repercusión pública de un viaje no reemplaza los elementos que exige el derecho penal para sostener una imputación.
En ese contexto, la investigación del Ministerio Público deberá reunir pruebas que respalden los tres delitos anunciados. De no hacerlo, el proceso podría concluir sin una acusación formal, alimentando las críticas sobre el uso de investigaciones de oficio en casos de alta exposición mediática, pero con escaso sustento jurídico.
Más allá del desenlace, el caso deja una interrogante institucional: ¿la Fiscalía abrió una investigación basada en indicios objetivos o reaccionó ante la presión pública generada por la polémica?
Por Equipo de redacción
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