El primer punto plantea iniciar la redistribución tributaria desde 2027. La propuesta busca que las gobernaciones reciban una parte de un impuesto nacional, siendo el IT el principal candidato. No obstante, el documento no explica por qué se eligió ese tributo y no otro, ni demuestra que su recaudación sea suficiente para cubrir las crecientes obligaciones de los gobiernos departamentales.
El segundo punto propone abrogar normas aprobadas que, según los gobernadores, centralizan recursos y debilitan las autonomías. Sin embargo, tampoco identifica cuáles son esas leyes o decretos, cuánto dinero dejaron de percibir las regiones por su aplicación ni cuál sería el efecto fiscal de eliminarlos.
La propuesta también plantea transferir competencias y entidades nacionales a las gobernaciones. Ese planteamiento abre otra interrogante: ¿cuánto cuesta administrar esas instituciones? En un proceso de descentralización, las competencias deben ir acompañadas de recursos permanentes. De lo contrario, las gobernaciones asumirían nuevas responsabilidades sin capacidad financiera para sostenerlas.
Otro de los acuerdos es crear una Asociación de Gobiernos Autónomos Departamentales y establecer mesas técnicas con el Gobierno antes del encuentro previsto para el 5 de agosto en Sucre. Ambas iniciativas pueden fortalecer el diálogo institucional, pero siguen careciendo de un componente esencial: estudios financieros que respalden las propuestas.
El centro del debate es el Impuesto a las Transacciones. Paradójicamente, se pretende convertirlo en una fuente de financiamiento para las regiones cuando desde hace años numerosos economistas cuestionan su permanencia. El IT grava las operaciones económicas independientemente de que exista utilidad y, para muchos especialistas, representa una carga que encarece la actividad empresarial y genera distorsiones dentro del sistema tributario.
Si el propio impuesto es objeto de discusión sobre su conveniencia o incluso sobre su eventual eliminación en una futura reforma tributaria, resulta pertinente preguntarse si es adecuado convertirlo en el eje del nuevo financiamiento departamental. Basar la sostenibilidad de las gobernaciones en un tributo cuyo futuro también se debate puede generar nuevas incertidumbres.
El verdadero vacío del documento es la ausencia de cifras. No se informa cuánto recauda anualmente el IT, cuánto correspondería a cada departamento bajo un esquema de redistribución, cuál es el déficit financiero de las gobernaciones ni cuánto dejaría de percibir el Tesoro General de la Nación. Sin esos datos es imposible evaluar si la propuesta resolverá el problema o simplemente redistribuirá recursos insuficientes.
Un pacto fiscal serio no puede construirse únicamente sobre porcentajes o consignas políticas. Requiere proyecciones, memorias de cálculo, escenarios financieros y un análisis del costo real de las competencias que ejercen los distintos niveles del Estado. Sin esa información, cualquier negociación corre el riesgo de convertirse en un debate político antes que técnico.
La reunión del 5 de agosto será una oportunidad para que tanto el Gobierno como los gobernadores pasen de los discursos a los números. La ciudadanía necesita conocer cuánto cuesta sostener las autonomías, cuánto recauda cada impuesto y cuál es el techo presupuestario real del país. Solo con esa información será posible determinar si la redistribución propuesta constituye una solución estructural o simplemente un alivio temporal para unas gobernaciones que enfrentan crecientes dificultades financieras.
Por Equipo de redacción
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