Las acusaciones contra Sokol son suficientemente serias como para exigir una investigación. El comandante está cuestionado por presunto encubrimiento de efectivos policiales y por el contenido de audios en los que se habla de una supuesta estructura interna capaz de movilizar millones de dólares para influir en el mando policial.
Pero una cosa es pedir que se investigue a Sokol y establecer si existen responsabilidades y otra muy distinta es anunciar públicamente que un diputado lo va a aprehender.
Pacheco puede denunciar, fiscalizar y exigir respuestas. La justicia, en cambio, tiene procedimientos y formalidades que deben cumplirse antes de privar de libertad a una persona. La frase “acción directa” puede ser políticamente sonora, pero no convierte al legislador en policía, fiscal o juez.
Y ahí aparece la paradoja: si Pacheco realmente cree que Sokol debe ser aprehendido, ¿por qué necesita mostrarse con esposas? ¿Acaso espera que el comandante, al verlo venir, se entregue voluntariamente?
La imagen puede generar titulares, pero el caso necesita algo bastante menos espectacular y mucho más contundente: pruebas, investigación y decisiones de las autoridades competentes.
Porque si Sokol incurrió en encubrimiento, deberá responder ante la justicia. Pero si Pacheco quiere combatirlo, tendrá que hacerlo desde su condición de diputado y no desde una autoridad que la ley no le ha conferido.
En medio de una crisis de credibilidad institucional, las esposas pueden servir para una fotografía; las pruebas son las que sirven para una acusación.
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Por Equipo de redacción
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