El caso comenzó con un ataque armado contra Nadia Beller en Santa Cruz y rápidamente adquirió una dimensión política por la identidad de uno de los investigados. Fernando Cerimedo, consultor político argentino y asesor cercano del presidente Rodrigo Paz, fue aprehendido por la Policía cuando se encontraba en el aeropuerto internacional de Viru Viru.
Según la versión policial, Beller señaló a Cerimedo durante las primeras actuaciones investigativas e indicó que entre ambos existirían problemas de carácter sentimental. Ese antecedente es considerado dentro de las líneas que investiga la Policía, pero no constituye por sí mismo una conclusión sobre la responsabilidad de Cerimedo en el ataque.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que la investigación debe desarrollarse conforme a la ley y remarcó que “en Bolivia nadie está por encima de la ley”. La declaración adquiere particular relevancia porque el detenido está vinculado al entorno del Presidente.
A partir de ahora, la Policía deberá esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los autores materiales y establecer si existe una relación entre ellos y Cerimedo. El Ministerio Público deberá valorar los elementos recogidos durante la investigación y definir la situación jurídica que corresponda, mientras que será la Justicia la que determine responsabilidades si existen acusaciones formales.
El episodio coloca al Gobierno de Rodrigo Paz ante una prueba institucional. Si la regla es que nadie está por encima de la ley, esa regla también debe aplicarse a quienes forman parte del entorno presidencial. El caso exige una investigación independiente, objetiva y transparente, sin privilegios políticos, pero también sin convertir una hipótesis policial en una condena anticipada.
La dimensión internacional tampoco es menor. Cerimedo es argentino y su nombre está asociado a la consultoría política y a estrategias electorales en la región. Su detención en Bolivia convierte el caso en un asunto de interés también para Argentina, mientras la investigación deberá determinar qué ocurrió realmente y cuál fue el móvil del ataque contra Beller.
Por ahora, la única conclusión institucional posible es clara: la Policía debe investigar, el Ministerio Público debe ejercer la acción que corresponda y la Justicia debe decidir conforme a las pruebas. La cercanía con el poder no puede sustituir al debido proceso, pero tampoco puede convertirse en una presunción de culpabilidad.
Por Equipo de redacción
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