El ajuste del precio del diésel puede corregir una distorsión: durante años el Estado sostuvo un precio subsidiado mientras aumentaba la necesidad de importar combustibles y disminuían las divisas disponibles. Evitar ese costo puede aliviar las cuentas públicas y reducir la presión para buscar nuevo financiamiento.
Pero ahorrar recursos o dejar de prestarse dinero no equivale a resolver el problema energético. Bolivia puede gastar menos en subsidios y continuar exactamente igual de dependiente del diésel importado.
Ahí aparece la pregunta que se escucha en la calle: ¿por qué el país sigue pensando solamente en el parche de hoy y no en la energía que necesitará dentro de diez, quince o veinte años?
Una política energética seria debería comenzar a diseñar esa transición ahora. No significa eliminar de golpe el diésel ni desconocer las limitaciones tecnológicas del transporte pesado, la agricultura o la industria. Significa establecer una estrategia gradual para que cada sector pueda incorporar alternativas cuando sean técnica y económicamente viables.
Eso supone desarrollar generación solar y eólica, avanzar en la electrificación del transporte donde sea posible, fortalecer los biocombustibles y evaluar otras tecnologías que permitan reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.
También implica algo que suele quedar fuera del debate: crear infraestructura, inversión, regulación y conocimiento nacional para que esa transición sea posible. No basta con anunciar energías alternativas; hay que construir las condiciones para producirlas, almacenarlas, distribuirlas y utilizarlas.
El debate sobre el diésel, por tanto, puede convertirse en una oportunidad. Bolivia está enfrentando una restricción de divisas, una elevada dependencia de combustibles importados y una crisis del modelo de subvención. Resolver la emergencia es indispensable, pero quedarse únicamente en el precio sería volver a administrar el problema.
Por Equipo de redacción
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