José Luis Gálvez, vocero presidencial, tiene una tarea política evidente: comunicar la posición del Gobierno y defender al Ejecutivo frente a las controversias que lo afectan. En el caso Cerimedo, esa función quedó expuesta cuando buscó precisar que el consultor argentino no ocupó un cargo formal dentro del Estado.
Gálvez explicó que Cerimedo fue un colaborador durante la campaña entre la primera y segunda vuelta y que posteriormente mantuvo una relación de asesoría personal con Rodrigo Paz, principalmente en comunicación. La precisión institucional es importante: no tener un ítem o un cargo público no significa que no haya existido una relación de asesoría con el Presidente.
De hecho, el propio Gálvez había señalado anteriormente que Cerimedo era asesor personal de Paz. Por eso, el debate ya no debería concentrarse exclusivamente en si Cerimedo pertenecía o no al Gobierno, sino en establecer con claridad qué tipo de asesoría prestaba, qué acceso tenía al Presidente y cuál era el alcance de su influencia.
La controversia se produce después de las denuncias formuladas por Nadia Beller, que involucran a Cerimedo en acusaciones que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes. En ese escenario, la posición políticamente más sólida para Paz sería reconocer la relación con su asesor y, al mismo tiempo, establecer una frontera inequívoca: la cercanía con el Presidente no otorga inmunidad ni convierte los actos personales de un asesor en responsabilidad del Gobierno.
“Que se investigue y que nadie esté por encima de la ley” sería una defensa institucional más clara que intentar convertir la discusión en una cuestión de organigrama estatal.
En Santa Cruz, algunos periodistas resumieron la percepción con una frase de la calle: “Lo que debe hacer uno para precautelar el cargo”. Es una interpretación política, no una prueba de encubrimiento. Pero refleja el problema que enfrenta la comunicación oficial: cuanto más intenta despegar a Cerimedo del Estado, más importante se vuelve explicar su verdadera relación con Paz.
Porque una cosa es afirmar que Cerimedo no era funcionario público y otra muy diferente sostener que no tenía cercanía, acceso o influencia sobre el Presidente. Esa segunda cuestión es la que ahora reclama una explicación más directa.
Por Equipo de redacción
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