La polémica estalló después de la detención de Fernando Cerimedo el 18 de agosto en Viru Viru, acusado de ser el autor intelectual del ataque a tiros contra su expareja, Nadia Beller. En su defensa, su entorno deslizó que su asesoría al Gobierno se pagaba a través de una consultoría financiada por la CAF.
Mediante un comunicado la CAF hizo conocer que «no mantiene ninguna relación contractual con Cerimedo» y que no existe ningún vínculo de asesoría.
La aclaración no cierra el caso, lo abre. En julio, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, admitió que Cerimedo era un asesor «satélite» del presidente, que trabajaba «directamente con él» pero que «no le paga el Estado boliviano». Al ser presionado sobre el origen del dinero, dijo que podía venir de «cooperación de cualquier lugar» o de una fundación y que no necesariamente debía transparentarse.
Cerimedo llegó a Bolivia como cerebro digital de la campaña de Paz, con el antecedente de haber hecho lo mismo para Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil. Nunca tuvo nombramiento, oficina ni declaración jurada. Viajó con Paz a Panamá entre febrero y marzo y, según el vicepresidente Edmand Lara, participó en al menos dos reuniones de gabinete.
Hoy el Gobierno dice que no era funcionario y que no tendrá protección política. La Fiscalía lo imputa por feminicidio en grado de tentativa y le abrió una segunda investigación por enriquecimiento ilícito tras hallar dinero en efectivo y un teléfono satelital en su domicilio.
Mientras tanto, la CAF mantiene el compromiso más grande con Bolivia en años: $us 3.100 millones hasta 2030 para la recuperación económica, con un crédito de liquidez de $us 550 millones ya en trámite en la Asamblea. Esa relación estrecha es la que hizo creíble la denuncia de Beller y la que ahora el banco intenta despejar.
Portada archivo Presidente CAF y Presidente de Bolivia
Por Equipo de redacción
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