La agenda internacional de un Presidente importa. Pero también importa dónde está el Gobierno cuando la economía cotidiana empieza a apretar el bolsillo. Paz está en Estados Unidos con una agenda que incluye su participación ante Naciones Unidas y reuniones oficiales, mientras en Bolivia la discusión ya bajó del Palacio a la calle: cuánto costará moverse, cuánto subirán los servicios y quién absorberá el golpe del nuevo precio del diésel.
El Gobierno sostiene que la eliminación de la subvención busca garantizar el abastecimiento y redirigir recursos hacia inversión, producción y medidas sociales. También anunció que el gabinete está dispuesto a reunirse con transportistas, productores, obreros, vecinos y gremiales.
Pero una decisión económica de esta magnitud no se administra solamente con decretos, discursos o reuniones virtuales. Necesita ministros con los zapatos puestos en la calle, escuchando al transportista, al productor, al comerciante y al ciudadano que ya está haciendo cuentas con un ingreso que no necesariamente sube al mismo ritmo que los precios.
Y la presión ya tiene fecha. La Confederación de Choferes anunció un repliegue nacional de 24 horas para el lunes 28, en rechazo al fin de la subvención al diésel, y advirtió que la protesta podría endurecerse si no encuentra respuesta del Gobierno.
Ahí está el verdadero desafío para la administración de Paz: no solamente defender una decisión económica estructural, sino demostrar capacidad para administrar sus efectos. Porque mientras el Presidente hace política internacional en Estados Unidos, la política doméstica necesita respuestas en el país.
Por Equipo deLa agenda internacional de un Presidente importa. Pero también importa dónde está el Gobierno cuando la economía cotidiana empieza a apretar el bolsillo. Paz está en Estados Unidos con una agenda que incluye su participación ante Naciones Unidas y reuniones oficiales, mientras en Bolivia la discusión ya bajó del Palacio a la calle: cuánto costará moverse, cuánto subirán los servicios y quién absorberá el golpe del nuevo precio del diésel.El Gobierno sostiene que la eliminación de la subvención busca garantizar el abastecimiento y redirigir recursos hacia inversión, producción y medidas sociales. También anunció que el gabinete está dispuesto a reunirse con transportistas, productores, obreros, vecinos y gremiales.Pero una decisión económica de esta magnitud no se administra solamente con decretos, discursos o reuniones virtuales. Necesita ministros con los zapatos puestos en la calle, escuchando al transportista, al productor, al comerciante y al ciudadano que ya está haciendo cuentas con un ingreso que no necesariamente sube al mismo ritmo que los precios.Y la presión ya tiene fecha. La Confederación de Choferes anunció un repliegue nacional de 24 horas para el lunes 28, en rechazo al fin de la subvención al diésel, y advirtió que la protesta podría endurecerse si no encuentra respuesta del Gobierno.Ahí está el verdadero desafío para la administración de Paz: no solamente defender una decisión económica estructural, sino demostrar capacidad para administrar sus efectos. Porque mientras el Presidente hace política internacional en Estados Unidos, la política doméstica necesita respuestas en el país.
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