Paz sostuvo que las guerras afectan especialmente a los más pobres, pero también generan crímenes contra la población civil que deben ser denunciados. En esa misma línea recordó la actuación de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia.
El Estado boliviano presentó el 8 de octubre de 2024 una declaración de intervención en el caso Sudáfrica c. Israel, referido a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. La propia Corte confirmó que Bolivia intervino invocando el artículo 63 de su Estatuto.
Pero la política exterior boliviana tiene además un marco constitucional. El artículo 10 de la CPE establece que Bolivia es un Estado pacifista, promueve la cultura y el derecho a la paz y rechaza la guerra de agresión como instrumento para resolver conflictos entre Estados. El artículo 255 añade que las relaciones internacionales deben regirse, entre otros principios, por la solución pacífica de los conflictos y la defensa y promoción de los derechos humanos.
Ese es precisamente el punto planteado por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé: recordar que la paz no es solamente una palabra diplomática, sino un principio incorporado a la Constitución.
Y entonces aparece la otra imagen.
El 24 de septiembre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Paz participó de un encuentro con Netanyahu junto a otros presidentes latinoamericanos. Netanyahu buscó profundizar los vínculos con la región y planteó una mayor cooperación con Israel.
La reunión, por sí misma, no significa que Bolivia haya respaldado las acciones del Gobierno israelí. La diplomacia también supone diálogo con gobiernos con los que existen diferencias profundas. Pero el contexto hace inevitable la pregunta.
La Corte Penal Internacional emitió el 21 de noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu. La Sala de Cuestiones Preliminares señaló que existían motivos razonables para considerar que era penalmente responsable, entre otros hechos alegados, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La orden no constituye una condena y el caso continúa dentro del procedimiento judicial.
Así, Paz queda frente a una tensión que merece explicación: Bolivia mantiene una intervención formal ante la CIJ en un caso relacionado con Gaza, su Constitución define al país como Estado pacifista y su presidente denuncia los crímenes contra civiles; al mismo tiempo, el mandatario abre un espacio de diálogo directo con Netanyahu.
La pregunta no es si un presidente puede reunirse con otro jefe de Estado. Puede hacerlo. La pregunta es otra: ¿qué política exterior está construyendo Bolivia y cómo compatibiliza ese acercamiento con la posición jurídica que el propio Estado boliviano asumió ante los tribunales internacionales?
La respuesta de Paz puede marcar si se trata simplemente de diplomacia pragmática o del comienzo de un cambio más profundo en la política exterior boliviana.
En asuntos de esta dimensión, la fotografía de una reunión dura un día. La posición de un Estado queda mucho más tiempo.
Por Equipo de redacción
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