El Departamento de Estado hizo una designación pública contra Mariaca y afirmó que habría abusado de sus cargos para recibir sobornos, facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. La medida alcanza también a sus familiares directos.
La acusación es especialmente delicada por la función de Mariaca.
Es el Fiscal General del Estado, cabeza del Ministerio Público, institución encargada de investigar delitos y ejercer la acción penal pública.
Su respuesta tampoco fue simplemente administrativa.
Mariaca reivindicó su sometimiento a la Constitución Política del Estado y al ordenamiento jurídico boliviano. Y, en su lectura del episodio, dejó planteada la posibilidad de que exista una reacción externa frente a las investigaciones que conduce la Fiscalía.
Ahí aparecen dos expedientes particularmente sensibles.
Uno es el caso de Fernando Cerimedo, exasesor presidencial argentino investigado en Bolivia. En agosto, Mariaca ya había advertido públicamente a autoridades que intentaran interferir en esa investigación o hacer seguimiento a sus fiscales.
El otro es el denominado caso “gasolina basura”.
La Fiscalía abrió procesos contra exfuncionarios por la adquisición y comercialización de combustible contaminado. Entre ellos está el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, quien fue imputado y sometido a una solicitud de detención preventiva.
Además, la propia Cámara de Diputados remitió a la Fiscalía el informe de su comisión especial sobre el combustible contaminado. El documento identificó a decenas de posibles responsables y pidió que se establezcan responsabilidades conforme a ley.
Por eso la respuesta de Mariaca introduce una segunda hipótesis en el caso: que las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público puedan estar relacionadas con la decisión estadounidense.
Pero esa hipótesis, al igual que la acusación de Washington, necesita evidencia.
No corresponde afirmar que Estados Unidos actuó por una “revancha” si no existen elementos que lo demuestren.
Tampoco corresponde convertir automáticamente la acusación estadounidense en una condena contra Mariaca.
Por eso cobra importancia la reacción de la Asamblea Legislativa.
Las presidencias de Diputados y Senado solicitaron que la Cancillería recabe información sobre las acusaciones estadounidenses. El paso es relevante porque puede permitir conocer qué antecedentes existen detrás de la decisión de Washington y si esos elementos pueden ser compartidos con las autoridades bolivianas.
El diputado Carlos Alarcón, entretanto, pidió que Mariaca deje el cargo y se someta a una investigación.
El diputado Manolo Rojas planteó la necesidad de respetar el debido proceso.
Así, el caso queda atrapado entre tres versiones institucionales.
Washington acusa.
Mariaca responde y habla de posible injerencia vinculada a las investigaciones de la Fiscalía.
El Legislativo pide información para conocer qué hay detrás de la acusación.
Y aquí está el punto que no debería perderse:
acusar no es probar. Pero una acusación de esta magnitud tampoco puede simplemente ignorarse.
Ahora corresponde saber qué tiene Estados Unidos, qué responde Mariaca con documentación y qué información conseguirá la Cancillería.
Porque si existen pruebas, deben ser conocidas y procesadas por las vías correspondientes.
Y si no existen elementos suficientes, eso también debe quedar establecido.
Por Equipo de redacción
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