El encuentro entre Paz y los alcaldes terminó con un acuerdo político para comenzar a construir el 50/50 y avanzar hacia un pacto fiscal.
El Gobierno plantea que municipios y regiones tengan mayores recursos y capacidades para atender sus responsabilidades, en lugar de concentrar la mayor parte de los recursos y decisiones en el nivel central.
Paz aseguró que los instrumentos y recursos serán garantizados y anunció además acompañamiento internacional para avanzar en el proceso, incluido el apoyo técnico del Banco Mundial.
Pero aquí aparece la letra pequeña del anuncio.
El 50/50 todavía necesita una fórmula concreta. Hay que establecer qué ingresos serán redistribuidos, cuánto recibirá cada nivel de gobierno, qué competencias acompañarán esa transferencia y qué modificaciones legales serán necesarias.
Tampoco debe confundirse el respaldo internacional anunciado con dinero ya asignado a los municipios. El acompañamiento de organismos internacionales puede ayudar a diseñar y financiar proyectos, pero no reemplaza la definición interna del pacto fiscal.
La discusión, por tanto, recién entra en su fase decisiva.
Porque cambiar la distribución de los recursos públicos no consiste solamente en dividir una torta en partes iguales. También hay que decidir quién recauda, quién administra, quién presta los servicios y cuánto cuesta cumplir esas responsabilidades.
El Gobierno consiguió sentar a los alcaldes en la misma mesa y convertir el 50/50 en un compromiso político.
Ahora viene la parte más difícil: ponerle números, competencias y una ley a la promesa.
Por Equipo de redacción
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