Cambian los gobiernos, cambian las autoridades y vuelven las denuncias sobre una justicia utilizada para perseguir adversarios o proteger aliados. El diagnóstico planteado por Eduardo Rodríguez Veltzé apunta al fondo de esa crisis: la relación entre el poder político y el sistema judicial.
El problema no está en que un expresidente, un exministro o un dirigente político sea investigado. Si existen indicios de delito, corresponde investigarlo. La cuestión es si las actuaciones fiscales y judiciales responden a evidencias y fundamentos jurídicos o si están condicionadas por intereses políticos.
La diferencia es sustancial. Una investigación legítima busca establecer responsabilidades conforme a la ley; una persecución política pretende utilizar los procedimientos judiciales para castigar adversarios. Del mismo modo, invocar persecución no puede convertirse en una vía para eludir responsabilidades penales.
Por eso, la transformación estructural que propone Rodríguez Veltzé obliga a mirar más allá del cambio de autoridades. Sustituir fiscales, magistrados y jueces no garantiza una justicia independiente si permanecen las prácticas de presión política, la falta de transparencia y la aplicación desigual de la ley.
El segundo componente de su planteamiento es la justicia transicional. Este concepto comprende mecanismos para esclarecer hechos, establecer responsabilidades, atender a las víctimas y evitar la repetición de violaciones graves de derechos. Su aplicación en Bolivia exigiría definir con precisión qué hechos pretende abordar, cuáles serían los mecanismos institucionales y qué garantías impedirían que se convierta en una fórmula de impunidad.
Una transición judicial no puede significar borrar delitos ni negociar la inocencia de personas concretas. Debe respetar la Constitución, el debido proceso y los derechos de las víctimas.
El planteamiento también interpela al Gobierno de Rodrigo Paz. Si la crítica es que la justicia fue utilizada como instrumento político, el cambio de administración representa una oportunidad para demostrar que las instituciones pueden actuar sin presiones del Ejecutivo.
La prueba no estará únicamente en los procesos contra autoridades de anteriores gobiernos. También estará en la capacidad de investigar cualquier denuncia con independencia, sostener las imputaciones con evidencias y respetar las garantías de todas las partes.
Por Equipo de redacción
About Author
