El problema surge cuando una persona vende su motorizado, pero el comprador no completa la transferencia. Aunque el antiguo propietario ya no tenga el vehículo en su poder, puede continuar registrado como titular y quedar expuesto a obligaciones tributarias y medidas de cobro.
Frente a esta situación, algunos gobiernos municipales impulsan mecanismos de desvinculación tributaria. Sin embargo, si cada alcaldía establece requisitos, plazos y procedimientos distintos, el ciudadano corre el riesgo de enfrentarse a un nuevo laberinto administrativo.
La coordinación del RUAT podría contribuir a establecer criterios comunes para acreditar la venta, verificar quién tiene el vehículo y tramitar la desvinculación del antiguo propietario, sin desconocer las competencias legales de cada gobierno municipal.
Uniformar los procedimientos no significa eliminar la autonomía municipal ni imponer necesariamente una norma idéntica en todo el país. Significa avanzar hacia criterios compatibles, requisitos claros y mecanismos de coordinación que eviten contradicciones y trámites innecesarios, según Rodríguez.
También será necesario garantizar que la desvinculación no se convierta en una vía para eludir obligaciones legítimas. Cada caso debe contar con documentación verificable, una evaluación administrativa y garantías para las partes involucradas.
La reunión del directorio del RUAT en Santa Cruz tendrá, por tanto, un desafío que va más allá de discutir una medida puntual: avanzar hacia una respuesta coordinada que permita cobrar las deudas a quien corresponda, proteger los derechos del antiguo propietario y evitar que la falta de formalización de una transferencia se transforme en un problema sin salida para el ciudadano.
Por Equipo de redacción
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