La Justicia dispuso seis meses de detención preventiva para Condori, investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, a raíz de declaraciones realizadas en Lauca Ñ el 26 de septiembre. La defensa anunció que apelará la resolución y cuestionó la valoración de los elementos presentados por la Fiscalía. El caso sigue abierto y la responsabilidad penal deberá establecerse conforme a derecho.
El diputado Manolo Rojas, quien impulsó la denuncia, celebró la aprehensión con un mensaje de advertencia: “Nunca más van a amenazar al pueblo boliviano”. Su planteamiento apunta más allá de Condori y anticipa que las investigaciones podrían alcanzar a otras personas presuntamente involucradas en las movilizaciones.
Desde Cochabamba, el vocero municipal Juan José Ayaviri pidió investigar también a quienes habrían organizado y financiado los 53 días de bloqueos. Es una exigencia que desplaza el foco hacia las responsabilidades que todavía deben esclarecerse. Las afirmaciones sobre posibles financiadores, sin embargo, necesitan pruebas y no pueden darse por demostradas únicamente por una declaración pública.
En la otra vereda, los seguidores de Condori se declararon en emergencia y advirtieron con movilizaciones nacionales si no era liberado. El vicepresidente Edmand Lara, por su parte, cuestionó la forma en que se ejecutó la aprehensión y pidió investigar posibles irregularidades policiales, además de garantizar el debido proceso.
La controversia ya no se limita a la situación jurídica del senador suplente. También pone a prueba la capacidad del Gobierno para sostener su discurso de autoridad sin que el procedimiento policial, las decisiones judiciales o las reacciones sociales terminen abriendo otro frente de conflicto.
Por ahora, hay una detención preventiva, una investigación en curso, una apelación anunciada y sectores que amenazan con movilizarse. No hay todavía elementos suficientes para afirmar que el conflicto quedó neutralizado.
Por Equipo de redacción
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