La denuncia abre un frente delicado para el Gobierno de Rodrigo Paz. Doria Medina afirmó que existiría una red de protección al narcotráfico y sostuvo que esa situación influyó en el distanciamiento de Unidad Nacional respecto al oficialismo.
El viceministro de Lucha Contra el Narcotráfico, Dorian Badani, respondió exigiendo nombres y pruebas. El pedido tiene sentido: una acusación de esta gravedad debe sustentarse en elementos verificables y no quedarse en declaraciones públicas.
Sin embargo, hay otra parte de la historia. Doria Medina asegura que comunicó la información al presidente Paz. Si esa alerta llegó efectivamente al despacho presidencial, corresponde aclarar qué actuaciones se dispusieron para verificarla.
El Gobierno no necesita dar por cierta la denuncia para actuar. Puede poner los antecedentes disponibles en conocimiento del Ministerio Público, facilitar las verificaciones que correspondan y permitir que las autoridades competentes determinen si existen indicios de delito.
Tampoco basta con que el denunciante haga pública una acusación para establecer responsabilidades. Es necesario identificar qué información posee, qué puede demostrar y si existen elementos independientes que respalden sus afirmaciones.
Pero exigir pruebas al denunciante no responde, por sí solo, a la pregunta sobre la reacción del Estado. Si el Ejecutivo recibió una alerta sobre una posible protección al narcotráfico dentro de sus propias estructuras, la ciudadanía tiene derecho a conocer si se activaron mecanismos de verificación.
La ruptura política entre Doria Medina y el Gobierno agrega tensión al caso, pero no demuestra ni descarta la veracidad de la denuncia. Convertir el asunto en una disputa entre antiguos aliados sería perder de vista lo esencial: establecer si hubo protección al narcotráfico y quiénes serían responsables.
La cuestión de fondo es sencilla: Doria Medina debe respaldar sus afirmaciones; el Gobierno, por su parte, debe explicar qué hizo con la información que dice haber recibido. La investigación no puede convertirse en una carga exclusiva del denunciante ni en una batalla de declaraciones políticas.
Por Equipo de redacción
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