Dom. Nov 8th, 2026

Paz llegó para cambiar Bolivia, pero el poder comienza a pasarle factura

Rodrigo Paz llegó al poder con la promesa de sacar a Bolivia de la crisis y abrir un nuevo ciclo político. Sin embargo, a un año de su Gobierno, enfrenta el riesgo de que la ciudadanía deje de verlo como la solución y comience a asociarlo con los mismos problemas que prometió superar. Samuel Doria Medina advierte sobre el deterioro económico, la falta de autocrítica y, especialmente, una percepción que puede resultar devastadora para cualquier administración: que quienes gobiernan están robando al país. No se trata de una sentencia judicial, sino de una señal de alarma sobre la pérdida de confianza en el poder.

El pronunciamiento de Doria Medina no es una simple crítica a la gestión gubernamental. Pone sobre la mesa una contradicción política: un Gobierno que llegó bajo la promesa de cambio comienza a cargar con cuestionamientos que amenazan precisamente la credibilidad con la que conquistó el poder.

Su diagnóstico parte de la economía. Sostiene que el programa económico no ha sido el eje de la actividad gubernamental, que no se ha conseguido combatir la inflación ni estabilizar las finanzas y que tampoco se han aprovechado suficientemente las oportunidades que ofrece el superávit comercial para incrementar los ingresos por exportaciones.

La crítica se extiende al funcionamiento democrático. Doria Medina cuestiona que la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa responda más a motivaciones individuales que a convicciones ideológicas o programáticas. Una mayoría parlamentaria, por tanto, no necesariamente garantiza debate, fiscalización ni gobernabilidad.

Pero el señalamiento que merece mayor atención está relacionado con la corrupción. Doria Medina habla de marcas y cicatrices tanto por hechos que considera objetivos como por una percepción generalizada de que «están robando al país».

La diferencia es fundamental. Una denuncia de corrupción debe investigarse, probarse y establecer responsabilidades mediante el debido proceso. Una percepción social, en cambio, no constituye una sentencia, pero puede deteriorar la confianza pública y comprometer la credibilidad de las instituciones.

Cuando la sospecha deja de concentrarse en determinados funcionarios y alcanza a quienes ejercen el poder, el problema adquiere otra dimensión: ya no se cuestiona solamente la capacidad de gobernar, sino la honestidad con la que se administran los recursos públicos.

Doria Medina también identifica el respaldo que todavía sostiene a Rodrigo Paz: el rechazo de una parte importante de la sociedad a regresar al pasado político. Sin embargo, ese rechazo no equivale necesariamente a una aprobación de la gestión actual. Se puede no querer volver al pasado y, al mismo tiempo, estar profundamente decepcionado con el presente.

Su advertencia sobre la falta de autocrítica completa el diagnóstico. Considera que el Gobierno todavía tiene tiempo para corregir sus errores, pero cuestiona que sus autoridades no reconozcan las señales de desgaste y desestimen los resultados de las encuestas.

El cierre de su reflexión devuelve la mirada a la sociedad. Mientras la política acumula disputas y decepciones, los ciudadanos trabajan, emprenden y buscan cómo adaptarse a una economía golpeada. Doria Medina deposita en esa capacidad de la gente su confianza para superar el momento histórico.

La cuestión que queda abierta es si el Gobierno entenderá que el capital político recibido en las urnas no es un cheque en blanco. La recuperación económica exige resultados, pero la recuperación de la confianza exige algo todavía más elemental: transparencia, rendición de cuentas y respuestas verificables frente a cualquier sospecha de corrupción.

Por Equipo de redacción

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