El 50-50 ocupa un lugar central en la propuesta de transformación estatal de Paz. La iniciativa busca modificar la distribución de los recursos públicos entre el nivel central y las entidades territoriales, con el propósito de reducir el centralismo y otorgar mayor capacidad de decisión a gobernaciones y municipios. El Presidente sostiene que esta redistribución permitirá cambiar la relación entre el Estado y las regiones.
En el frente económico, el Ejecutivo destaca el acuerdo de financiamiento por 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos desembolsos están sujetos a revisiones periódicas. Para Paz, más allá del primer financiamiento, el acuerdo representa una señal de apertura hacia otros recursos externos que, según sus estimaciones, podrían alcanzar entre 5.000 y 7.000 millones de dólares para inversiones en Bolivia.
Otra de las decisiones de mayor impacto fue la eliminación de la subvención al diésel, cuyo precio pasó a Bs 17,95 por litro. El Gobierno justificó la medida por el elevado costo fiscal del subsidio y los problemas de contrabando que afectaban el abastecimiento interno. Como parte de las medidas de compensación social, incrementó el bono Juancito Pinto a Bs 300 por estudiante y elevó la Renta Dignidad de Bs 350 a Bs 500, con una cobertura anunciada de 2,9 millones de beneficiarios y una inversión de Bs 874 millones.
En educación, la administración de Paz también destaca los convenios suscritos con autoridades municipales para ampliar el acceso a Internet en unidades educativas fiscales. La primera fase contempla la instalación de antenas satelitales Starlink en municipios de La Paz, dentro de un objetivo nacional de 4.700 equipos. La iniciativa apunta a reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas en comunidades rurales y zonas alejadas.
La política exterior constituye otro de los ejes que el Gobierno incorpora en su balance. La participación presidencial en cumbres, asambleas y foros internacionales, las reuniones bilaterales con mandatarios de la región y las visitas de autoridades internacionales forman parte de la estrategia denominada «Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia». El planteamiento busca atraer inversiones, tecnología, infraestructura, capacitación y oportunidades de empleo, además de recuperar espacios de relacionamiento internacional.
En seguridad, el Ejecutivo coloca entre sus principales resultados la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y su posterior traslado a Estados Unidos. También destaca los operativos contra integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, organizaciones criminales de origen brasileño, con más de 30 aprehendidos, según el balance oficial.
La captura de Marset tuvo además repercusiones en el ámbito institucional, en medio de las restricciones de visas anunciadas por Estados Unidos contra autoridades bolivianas, entre ellas el entonces fiscal general Roger Mariaca. Este episodio se incorporó al escenario de cuestionamientos sobre los vínculos entre estructuras del narcotráfico y operadores institucionales.
A doce meses de su posesión, el Gobierno presenta estos hitos como señales de un cambio en la orientación económica, social, tecnológica y diplomática del país. El balance oficial pone sobre la mesa decisiones y operaciones concretas; su alcance definitivo dependerá de que las medidas se traduzcan en resultados sostenibles para la economía, los servicios públicos y la seguridad de los bolivianos.
Por Equipo de redacción
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