La emergencia no es menor. En el cono sur cochabambino, la sequía afecta a Pasorapa, Omereque, Aiquile, Totora, Pojo, Mizque y Sacabamba. Los reportes municipales ya advertían sobre la muerte de miles de cabezas de ganado y decenas de miles de animales en riesgo.
El 4 de noviembre, Loza promulgó la Ley Departamental 1255, que declara emergencia por sequía y autoriza Bs 1,3 millones para contratar cisternas, adquirir tanques, politubos y forraje. Flores cuestiona que la asistencia no se haya activado oportunamente y atribuye responsabilidades al gobernador.
Pero hay un detalle institucional que merece atención. Flores no es un ciudadano ajeno a la administración departamental: es parte de la Asamblea, órgano que tiene entre sus atribuciones fiscalizar al Ejecutivo. La Constitución, en sus artículos 272 y 277, y el Estatuto Autonómico establecen ese marco de control.
El asambleísta dispone de mecanismos para solicitar informes escritos y orales, exigir explicaciones y promover investigaciones sobre la gestión departamental. De hecho, el 26 de octubre ya había cuestionado la respuesta de la Gobernación y reclamado un plan de contingencia. Días después, decidió acudir a la Fiscalía.
No existe impedimento para que una autoridad electa presente una denuncia penal. Sin embargo, la vía judicial no sustituye la responsabilidad de fiscalización que tiene la Asamblea. Una cosa es investigar si hubo delito y otra exigir que la administración cumpla sus obligaciones.
El contraste político también está presente. La Alcaldía de Cochabamba, bajo la conducción de Manfred Reyes Villa, movilizó cisternas y forraje para auxiliar a Pasorapa, incluso fuera de su jurisdicción municipal. La asistencia humanitaria terminó convirtiéndose también en una vitrina para contrastar la capacidad de respuesta de ambas administraciones.
Loza debe explicar qué hizo, cuándo lo hizo y cómo ejecutó los recursos autorizados. Flores, por su parte, debe mostrar qué fiscalización ejerció y qué resultados obtuvo antes de llevar el caso a la justicia.
Porque el agua no puede esperar a que los políticos resuelvan sus diferencias. La Fiscalía investigará si existió incumplimiento de deberes, pero la Asamblea tiene otra obligación inmediata: comprobar que la ayuda llegue a las comunidades.
Por Equipo de redacción
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