La afirmación de Oviedo eleva el tono del enfrentamiento entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el expresidente Morales, pero también abre una interrogante institucional: ¿qué pruebas respaldan una acusación que atribuye la dirección de una organización narcotraficante a un exmandatario?
El ministro de Gobierno no es un actor político cualquiera. Tiene bajo su responsabilidad la conducción de políticas de seguridad y la coordinación de acciones contra el narcotráfico. Por ello, sus declaraciones deberían estar sustentadas en informes de inteligencia, investigaciones policiales, evidencia financiera u otros elementos que permitan identificar una presunta estructura criminal.
No se trata de exigir que toda la información reservada sea expuesta ante los medios de comunicación. Se trata de que los elementos disponibles sean puestos a consideración de la autoridad competente y puedan ser sometidos a investigación.
La vía institucional es la Fiscalía. Si el Gobierno cuenta con indicios sobre la existencia de un cártel que opera desde el Chapare y atribuye a Morales su dirección, corresponde formalizar la denuncia y entregar los antecedentes para que el Ministerio Público determine si existen elementos suficientes para abrir o ampliar una investigación.
También debe distinguirse entre la existencia de actividades ilícitas en una región, la identificación de una organización criminal y la responsabilidad individual de quien presuntamente la dirige. Son cuestiones diferentes y cada una requiere respaldo probatorio.
La gravedad de la acusación no puede sustituir el debido proceso. Oviedo tiene la palabra y, sobre todo, la responsabilidad de convertir su afirmación en una actuación institucional verificable.
Porque en la lucha contra el narcotráfico no basta con señalar al presunto responsable: hay que investigarlo, probarlo y llevar el caso ante la Justicia.
Portada composición digital referencial
Por Equipo de redacción
About Author
