El 9 de enero de 2026, durante la inauguración del Año Judicial en Trinidad, el entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, habrían llegado en aeronaves privadas, según la denuncia pública del vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, Charles Mejía.
El cuestionamiento tiene dos dimensiones. La primera es reconstruir el traslado: si efectivamente utilizaron vuelos chárter, quién contrató el servicio, cuánto costó y quién pagó. La segunda, más delicada, es establecer la identidad de los propietarios de las aeronaves y la posible relación de alguna de ellas con Sebastián Marset.
Mejía sostiene que ambos tenían previsto viajar en vuelos comerciales de Ecojet, pero que terminaron llegando en dos aviones bimotor procedentes de diferentes lugares. Según su versión, uno habría recogido a Spencer en Cochabamba, junto a una magistrada del Tribunal Agroambiental, mientras que otro trasladó a Saucedo y otros acompañantes.
El vocal beniano planteó que una de las aeronaves podría pertenecer a Marset, basándose en que aviones de esas características habrían estado estacionados en pistas vinculadas con el narcotraficante durante operativos policiales en Santa Cruz. Sin embargo, esa referencia no acredita que los aviones utilizados por las autoridades fueran propiedad del uruguayo ni que existiera una relación entre sus operadores y los pasajeros.
Hay otra versión que también debe verificarse. Una autoridad judicial citada por la prensa señaló que Emilio José Arredondo, representante distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, tendría una avioneta y podría haberla facilitado a Spencer. Se trata de una hipótesis alternativa que tampoco cuenta, hasta ahora, con respaldo documental público.
Spencer salió al paso de las acusaciones el 10 de noviembre. Negó haber viajado alguna vez en un vuelo chárter y rechazó que particulares hubieran financiado un traslado privado para él. Sin embargo, al ser consultado específicamente por el viaje del 9 de enero, reconoció que no recordaba con precisión si había llegado en una aerolínea comercial y anunció que pediría información para establecer qué vuelo utilizó y quién realizó los pagos.
La contradicción entre la negativa general y la falta de precisión sobre aquel desplazamiento deja pendiente una respuesta verificable: el registro del vuelo y su documentación de pago. El periodista Andrés Gómez Vela también reclamó públicamente a Spencer que presente la factura o identifique a quien habría financiado el traslado.
La investigación necesita ir más allá de las declaraciones. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y las instancias aeroportuarias pueden aportar registros para identificar matrículas, operadores y movimientos de las aeronaves. A su vez, el Consejo de la Magistratura y el TSJ deben establecer si existieron autorizaciones, comisiones oficiales y pagos institucionales.
La identificación de los propietarios y de quienes contrataron los vuelos permitirá examinar la hipótesis sobre Marset. Si se encuentra alguna conexión, corresponderá establecer su naturaleza y si existió algún beneficio o relación con las autoridades. No basta con que una aeronave sea bimotor o haya operado en una pista vinculada al narcotraficante para atribuirle esa propiedad.
El caso adquiere relevancia en medio de las investigaciones sobre la presunta estructura criminal vinculada al exfiscal general Roger Mariaca y a Romer Saucedo. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que las pesquisas también alcanzan posibles conexiones con jueces, fiscales y el Consejo de la Magistratura.
Por eso, el esclarecimiento de los vuelos no es un asunto menor ni exclusivamente administrativo. Se trata de determinar si hubo financiamiento de terceros y, sobre todo, si existió alguna relación que pudiera comprometer la independencia de autoridades encargadas de administrar justicia.
Por Equipo de redacción
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