El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, comenzó con la recepción, diseño e implementación de un plan estratégico de reforma judicial como una política de Estado. La reforma, que consta de seis ejes, trabajará en solucionar los problemas centrales de la retardación de justicia que afecta a más de 300.000 familias en Bolivia.
“Ese plan estratégico busca que la justicia sea oportuna, eficiente, transparente y eficaz, con el objetivo de atender las necesidades de los ciudadanos que acuden cada día a los estrados judiciales sin tener ninguna respuesta, la que debe basarse en un balanceo del conflicto en la distribución ‘uniforme’ de jueces; y con un sistema de acceso en igualdad de condiciones”, informó el ministerio mediante un boletín de prensa.
Los ejes de la reforma judicial son: el balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, soluciones TIC, desarrollo normativo y transparencia institucional, los que fueron presentados hace un par de semanas.
El proceso de reforma judicial avanza con la recolección de sugerencias y propuestas de actores políticos y sectores sociales de los nueve departamentos del país en un plazo determinado de 30 días, y el mismo tiempo para iniciar con la sistematización, y otro similar para establecer el presupuesto.
Según datos del Consejo de la Magistratura, actualmente cada juicio ordinario le cuesta al Estado Bs 3.568, mientras que en la jurisdicción agroambiental le representa Bs 5.915.
En la actualidad y a nivel nacional, existe en promedio un juzgado por cada 8.361 habitantes y de esa cifra global, en ciudades capitales, se cuenta con uno por cada 12.671 y en provincias uno por cada 6.098.
Una de las metas del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es elevar el nivel de confianza de la población que, según datos de la Comisión Andina de Juristas es “baja”, por lo que prevé trabajar de manera coordinada “entre todos” para que la justicia llegue a los bolivianos.