La ministra de Trabajo, Verónica Navia, afirmó este viernes que es necesario un trabajo conjunto con las organizaciones sociales para recuperar el poder coercitivo que tienen las conminatorias del Ministerio de Trabajo, de modo que las y los trabajadores no tengan que acudir a otras instancias donde sus derechos laborales se desconozcan.
“Sacamos conminatorias, favorecemos a las y los trabajadores todo el tiempo, pero llega a la vía judicial y ahí se estanca. Ahora, decimos no, tenemos que recuperar el poder coercitivo de las conminatorias del Ministerio de Trabajo, porque estamos hablando de los derechos laborales que son irrenunciables”, afirmó en entrevista con Bolivia TV.
La autoridad recordó casos en los que los procesos laborales que pasan a la vía judicial suelen quedarse en esa instancia hasta ocho años, siendo que en la vía administrativa del Ministerio de Trabajo se demora 100 días como máximo, e incluso, dijo, se pretende reducir este tiempo por tratarse del pago de salario, reincorporación por despido injustificado, según detalla un boletín institucional.
“En la gestión 2020, fueron despedidos casi cinco mil trabajadoras y trabajadores de empresas que presuntamente se declararon en quiebra; sin embargo, estas no hicieron su declaración de quiebra como establece el Código de Comercio, los trabajadores fueron dejados en la calle y los empleadores pusieron candado en las empresas en las instituciones”, rememoró Navia.
Lamentó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no pueda hacer cumplir sus propias sentencias y tengan que ser los trabajadores, quienes acudan al Ministerio Público para denunciar el incumplimiento.
“Cuando debería ser el propio tribunal que haga cumplir sus resoluciones; pero, aparentemente, no tienen esa capacidad o voluntad, eso es precisamente lo que pretendemos analizar para dar soluciones”, señaló a tiempo de referirse al pliego petitorio que la COB entregó ayer en manos del presidente Luis Arce Catacora.
Aclaró que no se trata de endurecer sanciones, sino de hacer cumplir los procedimientos que corresponden y confirmó que el incumplimiento de las sentencias constitucionales emitidas tiene como sanción la cárcel.
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