El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 de Bolivia, con una inversión pública prevista de $us 4.024 millones, ha entrado en vigor este 1 de enero tras no ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del plazo de 60 días. Según la normativa vigente, al no ser aprobado en este periodo, el proyecto se da por aceptado automáticamente, tal como lo estipula el artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Este presupuesto contempla un crecimiento económico del 3,51% y una tasa de inflación del 7,5%, en un contexto económico que sigue enfrentando retos significativos tanto a nivel nacional como internacional.
El PGE 2025 también estima un precio promedio del barril de petróleo de $us 75,3 y mantiene la subvención a los carburantes, destinando Bs 15.156 millones para este fin. Además, asigna Bs 750 millones para la subvención de alimentos esenciales como trigo, maíz y arroz. El presupuesto total agregado alcanza Bs 369.341 millones, mientras que el consolidado suma Bs 296.566 millones, reflejando incrementos del 8,5% y 11,7%, respectivamente, en comparación con el PGE 2024. De este presupuesto consolidado, el 58,8% está destinado a gastos corrientes, el 17,2% a gastos de capital, y el 24,0% a uso de fondos.
Entre los principales objetivos del PGE 2025 se encuentran la garantía de la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, busca profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones mediante el desarrollo de plantas industriales, potenciar el aparato productivo e industrial aumentando la productividad y el rendimiento, y reafirmar la política de acceso universal y gratuito a la educación y la salud. Estos objetivos se alinean con la visión del gobierno de promover un desarrollo inclusivo y sostenible para todos los bolivianos.
El presupuesto también tiene como prioridad la inversión en los sectores minero e hidrocarburífero, con el fin de implementar tecnologías avanzadas y estrategias que impulsen su crecimiento. Además, se continuará con la implementación de políticas sociales dirigidas a reducir la desigualdad y la pobreza, asegurando una distribución equitativa de los ingresos. La entrada en vigor del PGE 2025, sin la aprobación legislativa formal, remarca la necesidad de un mayor consenso y coordinación en el proceso de planificación económica y legislativa del país para afrontar los desafíos presentes y futuros de manera efectiva.
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