La ratificación de Gonzalo Hurtado como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, en un acto realizado a puerta cerrada y sin la presencia de los magistrados electos del pasado 15 de diciembre, profundiza las críticas sobre la legitimidad de la prórroga de mandatos en una institución clave para la justicia constitucional del país.
Romer Saucedo, el magistrado recientemente electo por Santa Cruz y quien obtuvo la mayor votación en las elecciones judiciales del pasado 15 de diciembre, asumió la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la primera sesión de Sala Plena de este año. Con una visión de consenso y unificación, Saucedo anunció su compromiso de trabajar por una nueva justicia en Bolivia, pese a la ausencia de dos magistrados prorrogados de Beni y Pando.
Durante la ceremonia inaugural del Año del Bicentenario en Sucre, el presidente Luis Arce instó a los bolivianos a superar diferencias sociales, políticas y económicas mediante la unidad y la paz social, destacando el Bicentenario como una oportunidad para reflexionar sobre la memoria histórica, fortalecer la identidad nacional y avanzar hacia una independencia definitiva basada en la industrialización y el control soberano de los recursos naturales.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, denunció que la falta de coordinación con las alcaldías, debido a intereses políticos, obstaculiza los controles en mercados y supermercados. Ante esta problemática, el gobierno prepara un plan nacional para 2025, con el objetivo de frenar la especulación y proteger el bolsillo de los bolivianos, en coordinación con la Policía y entidades como el Senasag e Ibmetro.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, denunció que la falta de coordinación con las alcaldías, debido a intereses políticos, obstaculiza los controles en mercados y supermercados. Ante esta problemática, el gobierno prepara un plan nacional para 2025, con el objetivo de frenar la especulación y proteger el bolsillo de los bolivianos, en coordinación con la Policía y entidades como el Senasag e Ibmetro.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, denunció que la falta de coordinación con las alcaldías, debido a intereses políticos, obstaculiza los controles en mercados y supermercados. Ante esta problemática, el gobierno prepara un plan nacional para 2025, con el objetivo de frenar la especulación y proteger el bolsillo de los bolivianos, en coordinación con la Policía y entidades como el Senasag e Ibmetro.
