El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, denunció este domingo que las diferencias políticas entre el nivel central y los gobiernos municipales están dificultando la implementación de controles en los mercados del país. Según Silva, varias alcaldías se rehúsan a coordinar con el gobierno central bajo el argumento de que no deben responder a intereses políticos. Este conflicto impacta directamente en la regulación de precios y la calidad de los productos, perjudicando a los consumidores bolivianos.
Ante esta situación, Silva anunció un plan nacional de control de precios que se implementará en 2025. Este programa abarcará mercados, supermercados y farmacias, y estará dirigido a frenar la especulación y el agio que afectan el bolsillo de las familias. “No estamos pidiendo otra cosa más que se cumpla la ley, no a favor de partidos políticos, sino del pueblo”, enfatizó el viceministro, quien subrayó la importancia de la cooperación entre el nivel central y las alcaldías para garantizar resultados efectivos.
El plan contará con la participación de la Policía Boliviana y entidades gubernamentales como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro). Silva destacó que estas acciones buscan proteger los derechos de los consumidores y promover mercados más justos. Sin embargo, recalcó que esta labor requiere la colaboración activa de las autoridades municipales, especialmente de las Guardias Municipales, que, por ley, deben apoyar el control de precios y calidad en los mercados locales.
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