El Senado boliviano aprobó una ley excepcional que busca restablecer la legitimidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La norma establece que ambas instituciones funcionarán exclusivamente con los magistrados electos en las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024, cesando así a las autoridades cuyos mandatos fueron prorrogados mediante un fallo constitucional. Esta medida tiene como objetivo garantizar que las máximas instancias de justicia operen con autoridades elegidas democráticamente, en consonancia con los principios constitucionales del país.
La ley también contempla la organización de elecciones complementarias para cubrir las vacantes en los departamentos donde no se realizaron los comicios judiciales. Durante este periodo de transición, el TCP contará con cuatro magistrados, mientras que el TSJ funcionará con siete. Este enfoque asegura la operatividad de los tribunales sin comprometer su legitimidad. La decisión ha sido ampliamente debatida en el ámbito político y jurídico, generando posturas encontradas sobre la validez de los mandatos prorrogados y la necesidad de ajustes normativos en el proceso de selección de magistrados.
Con esta resolución, el Legislativo busca fortalecer la democracia y la transparencia en el sistema judicial boliviano. El reemplazo de las autoridades prorrogadas pone fin a un periodo de incertidumbre institucional y abre el camino para un modelo de justicia más alineado con la voluntad popular expresada en las urnas.
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