La situación jurídica de Evo Morales atraviesa su momento más crítico tras el rechazo de su apelación por la Sala Penal Primera de Tarija, que lo declaró en rebeldía y ratificó la vigencia de su orden de aprehensión. Con la posibilidad de medidas adicionales como el arraigo y el embargo de bienes, el futuro del exmandatario se ve cada vez más incierto, mientras la policía aguarda el momento preciso para dar cumplimiento al plan definido con el ministerio de Gobierno para detenerlo.
El juez Nelson Rocabado, a cargo del caso, fundamentó su decisión en la ausencia de Morales a una audiencia programada, desestimando los argumentos de su defensa que alegaban problemas de salud. Este fallo no solo mantiene la orden de aprehensión vigente, sino que abre la puerta a la aplicación de medidas complementarias como el congelamiento de cuentas bancarias y el embargo de bienes, tal como lo sugirió el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. La postura del Ministerio Público refleja una estrategia para endurecer las acciones legales contra el exmandatario, profundizando así su vulnerabilidad jurídica.
En respuesta, la defensa de Morales ha intensificado su movilización, especialmente en el Chapare, su bastión político y social. Líderes cocaleros y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) han manifestado su rechazo a la decisión judicial. El senador Leonardo Loza, uno de sus principales aliados, ha denunciado una supuesta persecución política orquestada desde el gobierno central, responsabilizando directamente al ministro de Justicia y al ministro de Gobierno por la situación actual de Morales.
Este escenario no solo refleja una crisis judicial, sino también un profundo conflicto político que podría escalar en los próximos meses. La polarización entre los seguidores de Morales y sus detractores se agudiza, mientras el gobierno enfrenta el desafío de mantener la estabilidad institucional en medio de crecientes tensiones. Las decisiones judiciales sobre Morales no solo determinarán su futuro personal, sino que podrían redefinir el equilibrio de poder en Bolivia, afectando tanto la cohesión interna del MAS como la percepción ciudadana sobre la independencia del sistema judicial y la capacidad del gobierno para ejecutar lo que determinó el juez para su aprehensión.
Redaccion central y agencias
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