El nuevo fiscal llega a una institución golpeada por una crisis profunda. La salida de Roger Mariaca y la forma acelerada en que se produjo su reemplazo dejaron preguntas jurídicas y políticas que no desaparecen con un acto de posesión.
Por eso, Urioste tiene delante una tarea más grande que administrar una transición de 90 días. Debe demostrar que la Fiscalía puede actuar con criterios técnicos, revisar expedientes, corregir errores y avanzar en investigaciones sin recibir instrucciones desde el poder.
El Ejecutivo tiene también una responsabilidad. Si Paz realmente quiere reconstruir la institucionalidad, debe dejar trabajar al fiscal.
Eso significa no presionarlo, no marcarle enemigos, no pedirle resultados políticos y, sobre todo, aceptar que una Fiscalía independiente también puede investigar a funcionarios del propio Gobierno.
La independencia no se prueba cuando el fiscal persigue al adversario. Se prueba cuando puede investigar al amigo, al aliado y al propio poder que facilitó su llegada.
Urioste ha anunciado auditorías jurídicas, transparencia y depuración interna. Bien. Pero ahora tendrá que convertir esas palabras en decisiones verificables y sustentadas en derecho.
Bolivia no necesita un fiscal del Gobierno de turno. Necesita un fiscal del Estado.
Por Equipo de redacción
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