El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, justificó la medida afirmando que el precio de la soya en Bolivia es más alto que en el mercado internacional, alcanzando hasta $us 564 por tonelada frente a los $us 416 en mercados externos. Según el Gobierno, esto garantiza mayores ingresos para los productores y protege el abastecimiento local. No obstante, el sector sojero advierte que la suspensión de exportaciones genera incertidumbre y afecta la planificación agrícola.
Por su parte, Anapo denuncia que, desde enero, no se ha autorizado la exportación de ni un solo grano de soya debido a la falta del Certificado de Abastecimiento Interno. Esto, según la entidad, no solo limita las oportunidades de los productores en mercados internacionales, sino que también genera una sobreoferta interna que podría terminar afectando los precios locales. Además, los productores temen perder clientes en el exterior, lo que a largo plazo podría comprometer la sostenibilidad del sector.
Ante este panorama, los soyeros exigen al Gobierno una pronta solución, advirtiendo que la demora en la autorización de exportaciones pone en riesgo a miles de familias dependientes del cultivo de soya. Anapo insiste en que la medida es injustificada, ya que el mercado interno solo consume el 20% de la producción total, mientras que el resto históricamente ha dependido de las ventas externas. El gremio agrícola espera una respuesta inmediata para evitar una crisis en la cadena productiva.
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