La decisión del presidente Rodrigo Paz de abrogar el Decreto Supremo 5591, tras la presión de productores arroceros y soyeros del oriente, reabre el debate sobre si el Gobierno está cediendo ante la presión sectorial o si, más bien, evidencia una preocupante falta de previsión al momento de emitir normas económicas sensibles.
El debate sobre la política de la soya no solo expuso diferencias económicas, sino también una disputa pública entre Samuel Doria Medina y Yerko Garafulic. Mientras el primero sostuvo que se liberaron las exportaciones y cuestionó la eliminación del arancel a la importación, el segundo salió al paso afirmando que esa liberación nunca terminó de consolidarse por presión sindical.
El Gobierno boliviano suspendió las exportaciones de soya, argumentando que los productores obtienen mayores ganancias en el mercado interno. Sin embargo, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denuncia que la falta de autorización afecta a más de 14.000 agricultores y pone en riesgo la estabilidad del sector.
