Bolivia enfrenta una nueva tragedia vial en pleno Carnaval. El 1 de marzo, un choque frontal entre dos buses en la carretera Uyuni-Potosí dejó un saldo devastador de 37 muertos y 39 heridos. Las investigaciones apuntan a un conductor ebrio, con un nivel de alcohol cinco veces superior al permitido, que invadió el carril contrario y excedió la velocidad. Este accidente no es un hecho aislado: en Tarija, otro siniestro dejó 10 fallecidos el mismo día, y el 17 de febrero, un choque en Yocalla cobró 29 vidas. A los señalados precedentemente habría que mencionar otros que sucedieron hace unas horas atrás en otras carreteras.
Las cifras reflejan una crisis estructural: Bolivia registra alrededor de 1,400 muertes anuales en accidentes de tránsito, con un repunte alarmante en festividades como el Carnaval. Los controles actuales, limitados a terminales y operativos esporádicos en carretera, no impiden que conductores imprudentes y vehículos en mal estado sigan operando. En el caso de Uyuni-Potosí, por ejemplo, los envases de alcohol hallados en el bus sugieren consumo en ruta sin ninguna intervención de las autoridades.
La reacción oficial sigue un patrón conocido: suspensiones temporales y multas que no previenen nuevas tragedias. Expertos en seguridad vial insisten en la necesidad de un enfoque preventivo, con medidas como controles estrictos en terminales, retenes sorpresa en carretera con monitoreo GPS y sanciones más severas para empresas y conductores reincidentes.
Estas soluciones no requieren grandes inversiones, solo voluntad política y mejor coordinación. Mientras la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Dirección de Tránsito sigan actuando de forma reactiva, los accidentes seguirán cobrando vidas. La pregunta no es qué hacer después de cada tragedia, sino cómo evitar que sigan ocurriendo.
Redaccion central y agencias
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