La persistente escasez de combustible en Bolivia, particularmente de diésel, ha llevado al Comité pro Santa Cruz a convocar una Asamblea de la Cruceñidad, tras una reunión de su directorio celebrada el jueves 6 de marzo. Esta decisión responde a las largas filas en los surtidores y al impacto económico que enfrentan los sectores productivos de la región, el corazón agrícola e industrial del país. En paralelo, el gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, insiste en que cumplirá con el suministro, aunque las promesas reiteradas no logran calmar la desconfianza.
El Comité aprobó un documento en el que exige la liberación «urgente e inmediata» de combustibles sin trabas burocráticas, la restitución de la capacidad de los surtidores para vender hasta 20.000 litros y una rendición de cuentas por parte de los ministros de Planificación, Economía y el presidente de YPFB. “¿Dónde está la plata que era para el combustible?”, cuestionan los cívicos, reflejando sospechas de mala gestión en un contexto de crisis económica marcada por la escasez de divisas.
Por su parte, el gobierno asegura que está trabajando para garantizar el abastecimiento. Alcón destacó que el presidente Luis Arce ordenó priorizar la distribución ante la temporada de cosecha, que inicia con fuerza el 10 de marzo. Sin embargo, la dependencia del país de importaciones —el 86% del diésel es traído del exterior— y los retrasos en pagos a proveedores, agravados por la falta de dólares, han puesto en jaque la logística. La sobredemanda por eventos como el Carnaval y las necesidades agrícolas han complicado aún más la situación.
Mientras el gobierno culpa parcialmente a la Asamblea Legislativa por no aprobar créditos por $us 1.600 millones, los cruceños ven en la Asamblea de la Cruceñidad una oportunidad para definir acciones contundentes. La fecha del encuentro aún no se ha anunciado, pero el mandato de actuar “de inmediato” sugiere que el desenlace está cerca. En un país donde la economía y la política caminan sobre una cuerda floja, la resolución de esta crisis podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre Santa Cruz y el gobierno central.
Redaccion central
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